"Qué pasa en Chile: ¿articulaciones entre partidos políticos y ciudadanía? (2)", por Pablo Vergara

Hoy, 10 diciembre, día en que asume Alberto Fernández como nuevo presidente de Argentina y se clausuran al fin los cuatro años de la nefasta administración Macri, se suponía que Sebastián Piñera asistiría a la ceremonia del traspaso de mando –quién sabe si más como amigo del segundo que como par del primero–. Era de esperar que su visita a la Argentina generara un intenso repudio de parte de los porteños a las políticas de terror que viene aplicando desde hace 54 días, pero por motivo de un accidente aéreo esta madrugada Piñera –quien gambetea acusaciones de todo tipo y gobierna con menos de un 10% de aprobación, una encuesta dice 4,6%– no estará presente en la asunción de Alberto Fernández.

El subtítulo de esta columna en un comienzo había sido pensado sin signos de interrogación y con un añadido que diría “articulaciones y tensiones”. Buscaría describir los intentos de articulación de las demandas sociales por parte de los partidos políticos y sus representantes en el Congreso. La necesidad de una nota de este tipo estaba en que, por la fecha del 10 de noviembre –día en que salió una primera entrega sobre la situación de Chile en BdS–, un importante sector de la oposición al gobierno de Piñera en el Congreso se mostraba obsecuentemente a favor de las dos principales demandas de la ciudadanía movilizada: el avance hacia una nueva constitución por la vía de una asamblea constituyente y la exigencia de que se decretaran responsabilidades políticas y aun penales por los hechos de represión, muerte y violencia vividos desde que Piñera decretara estado de emergencia el 19 de octubre y “guerra” a la ciudadanía dos días después. La problemática entonces –por aquel 10 de noviembre en que en Bolivia se vivía un nuevo golpe de Estado–estribaba en saber si los partidos políticos y sus representantes en el Congreso eran todavía capaces de gestionar las demandas sociales y de ser portavoces legítimos o representantes idóneos de la ciudadanía movilizada. En parte, esa posibilidad estaba abierta por la primera respuesta favorable de la izquierda parlamentaria –liderada por el Frente Amplio y secundada por el PC chileno–, cuando otros partidos como el PS (partido de la ex presidenta Bachelet) y el PPD (partido del ex presidente Lagos) se mostraban “cautelosos” a la hora de definir su posición respecto de las movilizaciones[1].

Pero pocos días después, el 15 de noviembre, tal posibilidad comenzó a desmoronarse cuando por todos los medios comenzó a circular la noticia de un acuerdo entre el oficialismo y la oposición para dar cauce un histórico proceso constituyente. En la foto que acompañaba la noticia aparecían políticos de todos los partidos, con la única excepción de los partidos Comunista, Humanista, Verde y otros menores que se negaron a participar o rechazaron el acuerdo. Lo que a simple vista había parecido la primera derrota del gobierno de Piñera ­–no hace falta decirlo, reactivo desde su ADN a abandonar la Constitución de 1980–, se reveló a las pocas horas de firmado el “gran acuerdo”, como una no tan sutil maniobra estratégica para ganar terreno en su pugna contra el movimiento social. La letra chica –una estratagema que al menos yo creía conocida por todos– en esta oportunidad pareció pasar inadvertida a los mismos que bregaban por una nueva Constitución con asamblea constituyente ciudadana: un quórum de 2/3 para la aprobación de sus diferentes artículos (mismo quórum de la actual Constitución y el muro contra el que chocaron todos los intentos anteriores por modificarla); una asamblea constituyente (a la que significativamente se pasa a denominar Convención Constitucional) compuesta en una mitad por parlamentarios, y cuyo modo de selección de sus miembros libres se asemeja como dos gotas de agua al del sistema electoral chileno en su peor versión (con campañas de difusión de financiamiento incierto y sistema de votos con “arrastre” por grupos o conglomerados), y la más rotunda omisión de cualquier referencia a algo llamado equidad de género, eran algunos de sus incisos.

Una vez que la ciudadanía pudo enterarse del trazo fino del acuerdo –por sus propios medios, pues los canales de televisión y grandes periódicos seguían celebrando la madurez política de las distintas facciones que lo hicieron posible– el rechazo en la calle se hizo sentir con fuerza con un llamado a paro nacional desde sectores productivos, organizaciones y gremios en rechazo a un acuerdo que, dijeron, fue firmado a espaldas de la ciudadanía (juzgue usted: se firmó un domingo a última hora).

Piñera, por su parte, comenzaba a avanzar en su agenda de seguridad: el mismo día del paro, el 24 de noviembre, anunció que trabajaban en la creación de un proyecto de ley que permitiría sacar a las Fuerzas Armadas a la calle sin necesidad de decretar estado de excepción, bajo pretexto de resguardar algo que llamó “lugares estratégicos” y que podían ser indistintamente hospitales o grandes casas de retail, bancos o el centro comercial Costanera Center de Santiago.

Un día después, 25 de noviembre, algunos vimos por primera vez en redes sociales la potentísima intervención que hicieron en Santiago y Valparaíso un gran número de mujeres que interpretaban con todo el cuerpo Un violador en tu camino, cuya última parte cita literal un fragmento del himno de Carabineros de Chile: “Duerme tranquila, niña inocente/ sin preocuparte del bandolero/ que por tu sueño, dulce y sonriente/ vela tu amante Carabinero”, desvelando el fondo terriblemente ominoso subyacente en el orden y seguridad de un Estado como el chileno.

Las protestas y las movilizaciones en la calle no han dejado de darse día a día en todas las ciudades de Chile; los videos conseguidos con celulares siguen copando las redes sociales y los canales de televisión siguen apuntando sus cámaras a los “encapuchados” y los que forman la llamada “primera línea”, blanco de las nuevas avanzadas del Gobierno y de su ahora aliado permanente, el Congreso Nacional: hace apenas cinco días, el 4 de diciembre, la Cámara de Diputados aprobó –¡con solo cuatro votos en contra!– una ley que da penas de cárcel a quienes sean detenidos por participar en disturbios en la calle, con agravantes como tener el rostro cubierto, pertenecer a agrupaciones políticas o tan solo participar agrupados dentro de las marchas. Los miembros más conspicuos del Frente Amplio, Giorgio Jackson y Gabriel Boric, antiguos dirigentes estudiantiles y ambos voceros del movimiento estudiantil del año 2011, salieron a decir al día siguiente que habían cometido un error y que habían pensado que aprobando la ley en general iban a poder conseguir modificar más adelante los artículos en particular; según ellos, solo querían evitar que se siguieran produciendo saqueos y hechos de violencia innecesaria. La respuesta de la población movilizada a la creación en el Congreso de las leyes de “antiencapuchados” “antisaqueos” y “antibarricadas” –como se las conoce– ha sido el poner en foco la primera línea: no son saqueadores ni vándalos, la primera línea está ahí para resguardar a la ciudadanía que se manifiesta en la calle del actuar represivo de Carabineros. Por la madrugada del 5 de noviembre, consumado el espaldarazo del Congreso a las políticas represivas de Piñera (y cuando Un violador en tu camino ya era un fenómeno viral en las redes y la intervención se reproducía en numerosas ciudades del mundo), se vio a grupos de Carabineros en las calles cantando el himno de la institución: la música saliendo fuerte y clara de las bocinas de los coches celulares y los funcionarios de a pie cantándola, algunos marchando, otros cuadrándose. “Este himno no solamente lo vamos a repetir en Valparaíso, sino que lo vamos a seguir repitiendo a lo largo de todas las ciudades. Es una señal de que los carabineros estamos siempre presentes”, dijo el vocero de la institución días después, y vaya si no lo están.

Hoy, 10 de diciembre, también se cumplen trece años de la muerte de Pinochet. No hace falta decir que su fantasma sigue sobrevolando el territorio chileno, velando cual carabinero por el sueño neoliberal…  Sueño, más bien pesadilla de la que Chile ya quisiera despertar. 

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[1] Nota de color: la rebaja inmediata de la llamada “dieta parlamentaria” estaba en la lista de las demandas ciudadanas urgentes desde el día uno del conflicto, y el 27 de noviembre terminó siendo aprobada por unanimidad en las dos cámaras una rebaja “transitoria” del 50% de la dieta; pero hay que agregar que desde el año 2014 los diputados Jackson y Boric (Frente Amplio) habían presentado un proyecto de rebaja del sueldo de parlamentarios que fue rechazado cada vez que fue votado en el Congreso.