“Rebelde amanecer indígena (Espectros III)”, por Jimena Néspolo
La historia se sucede dentro de una casucha miserable, hecha de palos, chapas de zinc y paredes de adobe, que se han ido agregando para ampliar el campamento original, recostado sobre un barranco. Han pasado muchas gentes por allí: capataces, curas, dinamiteros, hasta maestras supo haber cuando la mina todavía amontonaba colonos y esperanzas en la zona. Pero de aquellos años ahora solo queda miseria. Y recuerdos. Voces fantasmales que se reúnen en torno a una vitrola que no funciona y un candil que desfallece junto a los alcoholes de la noche. Mientras, afuera, arrecia la tormenta y la destrucción del paisaje operada por manos invisibles, por sujetos que nunca se dejan ver. “Estos hombres recorren la casa, fuman, beben. Los demás, los que dinamitan el cerro, nunca existieron. En esta tierra los únicos extranjeros son los indios”[1] –leemos en un cuento de Héctor Tizón.
Lo indígena hoy es un discurso identitario que afirma y exige la libertad de quedarse, de no sentirse extranjero en la propia tierra. Mary Louise Pratt señala que la crisis de futuridad en la que vivimos, en los distintos rincones del mundo signados por la expoliación y en los que no, indica la necesidad de reorientar el imaginario hacia proyectos, conceptos y futuros compatibles con los límites demográficos y ecológicos del planeta [2]. La noción indígena de “Buen vivir” (Sumak kawsay en quechua, Suma qamaña en aymara, Teko porã en guaraní, etc.), de una forma de vida en comunión y sintonía con la “Madre Naturaleza”, se ofrece pues como una brújula. No hay vida posible si se permite la destrucción de nuestra casa común, la tierra que habitamos: el diálogo con representantes del Tercer Malón de la Paz arroja esa certeza.[3]
En efecto, a comienzos de agosto de 2023 arribó a Buenos Aires el Tercer Malón de la Paz, con representantes de 400 comunidades originarias del Norte argentino, que vinieron a denunciar la “falta de Estado de derecho” en que se vive en la provincia de Jujuy, así como también “la violencia institucional”, y “la violación de derechos humanos y tratados internacionales”, como ha sido la sistemática infracción del convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo, incurrida en la reciente reforma provincial [4]. “Somos los hijos de la Pachamama, somos pueblos, naciones preexistentes que venimos a decir basta de avaricia, de saqueo, de daño irreversible a la Madre Tierra”[5] –señalan los maloneros, haciéndose eco de un reclamo que viene desde el fondo de los tiempos.
El Instituto Nacional del Indígena (INAI) –organismo rector de las políticas públicas sobre los pueblos originarios en Argentina– sostenía, a comienzos de milenio, que la población aborigen se concentraba principalmente en Buenos Aires, Chaco, Chubut, Formosa, Jujuy, Misiones, Neuquén, Río Negro, Salta, Santiago del Estero, Tierra del Fuego y Tucumán, y que oscilaba entre 800.000 y 1.000.000 de personas de las cuales sólo el 1,5 % vivía en comunidades. Datos más actuales demuestran un importante crecimiento de estas cifras, toda vez que se comprende que pensarse o reconocerse como “indígena”, en una población como la argentina en donde más del 60% posee información genética indoamericana –pero que desde el sentido común se autopercibe como “blanca”–, es parte de un complejo proceso de deconstrucción colonial aún por darse. Fruto de un encuentro de culturas que tuvo lugar hace quinientos años, la revalorización de esa identidad cultural fundante supone desandar el arduo camino de la subordinación y el vasallaje en el que la colonialidad del poder nos colocó.
| Lo indígena hoy es un discurso identitario que afirma y exige la libertad de quedarse, de no sentirse extranjero en la propia tierra |
Todos estos temas trabaja y expande el documental de Osvaldo Bayer, Awka Liwen (2010); un documental que, obviamente, los panelistas, la movilera y el conductor del programa televisivo Bien de mañana no han visto. De lo contrario, se hubieran ahorrado la estulticia prodigada al entrevistar en tono de sorna a dos referentes de la comunidad Ayllu Mayu Wassi, participantes del Tercer Malón, cuando viajaban en subterráneo por la ciudad de Buenos Aires, vestidos con ropas típicas. “Ya está, andate, sacale el micrófono” –indica el conductor del programa, visiblemente ofendido, cuando los maloneros estaban a punto de impartirle una lección cívica y moral–. Se me ocurre que las damas y señores que acudían al reparto de indixs, sucedida la Campaña del Desierto de finales del siglo XIX, se acomodaban en la misma horma cómplice, hecha de jactancia, racismo y necedad, que los empleados de Canal 13.
Alrededor de 14.000 muertes arrojó como balance final la Campaña, mientras que 14.000 prisioneros, mayormente mujeres y ninxs, fueron llevados a las ciudades y repartidos entre las familias pudientes, como criados y sirvientes. Si bien antes que la del general Julio Argentino Roca, se sucedieron otras Campañas –la de Federico Rauch (1826-1827), la de Rosas (1833-34), la de Avellaneda y Alsina (1873-1875)–, ninguna fue tan rapaz en sus objetivos. Esto es: desplegar un conjunto de acciones militares, planificadas y ejecutadas desde el gobierno nacional, con el objetivo manifiesto de exterminar a los pueblos originarios y quitarles sus tierras. Financiada por la Ley Avellaneda –a través de la cual se entregaron a un precio vil, mediante bonos, miles y miles de hectáreas–, la Campaña colocó a la cabeza del expolio a aquellos que definirían la suerte de la oligarquía terrateniente vernácula: José Alfredo Martínez de Hoz (bisabuelo del Ministro de Economía del dictador Jorge Rafael Videla) se quedó con 2,5 millones de hectáreas; luego, en ristra, aparecen “los” Unzue (con 270.000 ha), “los” Alvear (97.500 ha) y la lista sigue. Más de 30 millones de hectáreas, expropiadas a las comunidades originarias, entregadas a apenas 300 familias sobre las que gravitó, desde entonces, el poder económico del país. El documental de Osvaldo Bayer, además de esta trama, también nos recuerda que el Primer Malón de la Paz ocurrió en mayo de 1946, durante el gobierno de Juan Domingo Perón, cuando un centenar de indígenas marchó a pie, durante casi dos meses, desde Jujuy hasta Plaza de Mayo para reclamar por sus territorios y no fue escuchado.
Pero en agosto de 2006, se sucedió otra marcha, un Segundo Malón que se hizo eco del mismo reclamo: aquella vez 120 comunidades aborígenes de Jujuy, caminaron un día y medio desde los distintos departamentos de la provincia, hacia Purmamarca, para exigir que el gobernador acatara el fallo que lo instaba a entregar un millón y medio de hectáreas.
Eran tiempos en que la literatura de Héctor Tizón se recortaba como un faro lunar, desde la Puna. Se suele hablar de la “justicia” en términos impersonales; pero cuando la justicia está lejos de ser justa, conviene recordar que como toda aventura humana está conformada por personas y convicciones, por nombres propios, audacias o clivajes. En los años en que se sucedió el Segundo Malón, la justicia provincial dictaminó que el Ejecutivo entregara tierras a comunidades de departamentos de Tilcara, Humahuaca y Tumbaya. El fallo también advertía a Fellner, el entonces gobernador, que se abstuviera de entregar esas tierras a terceros y resaltaba la importancia del convenio 169 de la OIT, “dando obligatoria participación a los aborígenes en todo lo que pudiera afectar su territorio y su vida”. En su rol de jurista, como miembro del Tribunal Superior de Justicia de la provincia de Jujuy, Héctor Tizón se destacó en la defensa del medio ambiente y los derechos humanos, y se opuso a la privatización del banco de su provincia. Los maloneros recuerdan, especialmente, aquel fallo histórico de 2010, que permitió a los vecinos autoconvocados de Tilcara y Juella detener la instalación de una mina de uranio en la zona de la Quebrada de Humahuaca. Entonces, colocándose a la vanguardia del derecho ambiental moderno, el escritor sostuvo la plena vigencia del “principio precautorio” (consagrado en el art. 4º de Ley General del Ambiente 25.675, del año 2002), afirmando que “los daños causados al medio ambiente, una vez producidos, resultan en la práctica de casi imposible reparación” y que el derecho a vivir en un ambiente sano y no contaminado es un “Derecho Humano Fundamental”. Sentando una jurisprudencia que hoy, más que nunca, debe ser recuperada, Tizón mencionó la necesidad de evitar los “daños generacionales”: “Es decir aquellos que por su magnitud repercuten no sólo en la generación actual sino que sus efectos van a impactar en las generaciones futuras”.[6]
Escucho la voz fantasmal de Héctor Tizón decir: “Nadie puede ser Juez si desconoce el lenguaje poético”. Tiene razón.
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