“Qué pasa en Chile: imágenes del horror (1)”, por Pablo Vergara

Hoy, que me pongo a contestar a esta invitación que me hizo Jimena, ya van veintitrés días desde que se inició el conflicto en Chile con el alza en el pasaje del metro de Santiago y la organización autoconvocada por estudiantes a modo de repudio. Las imágenes que se han multiplicado desde ese primer día no dejan de aparecer y copar redes sociales junto a los comunicados oficiales del gobierno de Piñera, la parafernalia general de un gobierno que no sabe encarar el problema o que simula no saber cómo encararlo para no acusar responsabilidades ni menos tener que implementar medidas que vayan en dirección de lo que la ciudadanía pide a gritos. Las volteretas del gobierno, primero llamando hipócritamente a un gran acuerdo social en medio del estado de excepción que sacó a los militares a la calle con los resultados más funestos ocurridos desde los últimos años de la dictadura de Pinochet (desde el año 1987 que no había toque de queda en Santiago por razones de orden público, cuando fue levantado cuatro meses después del atentado a Pinochet en septiembre de 1986); después, una falsa invocación a  la normalidad mientras en las calles se seguían viviendo dos situaciones completamente opuestas: de día, enormes movilizaciones y marchas en todo el país (la más grande la del viernes 25 de octubre en Santiago que según cifras oficiales convocó a más de un millón de personas); de noche, las más atroces imágenes del descontrol de las fuerzas represivas (baleos a civiles en la calle y al interior de edificios de viviendas, atropellos por parte de vehículos policiales a ciudadanos de a pie, apremios y secuestros a líderes políticos universitarios por uniformados y por agentes de civil –muchos encubiertos entre la multitud que protestaba, muchos sin identificación reglamentaria, armados y haciendo uso de fuerza desmedida–, violaciones de mujeres y de hombres, el uso de una estación de metro como centro clandestino de detención y tortura, cuerpos inertes lanzados a la calle desde autos policiales en medio de la noche). Y mucho más: todo grabado por miles de ciudadanos desde sus celulares, sin necesidad de buscarlo, sin moverse de sus propias casas (bajo el toque de queda), tan solo atendiendo a los gritos, a las sirenas, al estruendo de motocicletas policiales listas para embestir o a las detonaciones de las armas de militares y policías. Es cierto que no todo pasaba de una manera de día y de la otra de noche, pero en esos días de toque de queda me llamaba mucho la atención la polaridad. De día se daban los comunicados de llamado al orden, de recuperación de la paz, de la instrucción dada a las fuerzas armadas y del orden a no excederse en la violencia. De noche, desde las redes sociales ­–y obviamente lejos de los medios masivos y hegemónicos de comunicación que se han negado a cubrir lo ocurrido con el mínimo rigor profesional y la menor ética periodística– desfilaban interminables los videos que pedían difusión antes de ser borrados, mostrando el desbocamiento militar-policial y la violencia inusitada de la represión.

Luego de la marcha multitudinaria del viernes 25 de octubre, el gobierno desplegó su nueva estrategia: un paquetes de medidas, retoques menores a ciertas leyes que antes dormían en el Congreso, leyes express bajadas de La Moneda subiendo simbólicamente el sueldo mínimo, y un cambio de gabinete que demostraba la falta de conexión del gobierno con lo que pasa en todo el país y bien particularmente frente a sus propias narices.

Desde hace semanas que en la calle se pide el puesto de Piñera; su renuncia o destitución y el llamado a elaborar una nueva Constitución por la vía de una Asamblea Constituyente son las dos demandas capitales de cada ciudad y pueblo que ha comenzado a organizarse convocando a cabildos ciudadanos para sentar bases y temas de discusión con vistas a elaborar una nueva constitución. La represión en la calle continúa hoy, a veintitrés días del inicio del conflicto, y de manera tal que pareciera que el Ministro del Interior ya no controla el nivel de violencia que ejercen las fuerzas especiales de la policía. La penúltima intervención de Piñera llamando a reunión al Consejo de Seguridad Nacional contenía una nueva voltereta del presidente: avanzar en su “agenda de seguridad” con rasgos acusados de delirio persecutorio, consistente exclusivamente en criminalizar las protestas: ley antiencapuchados, ley antibarricadas, ley antisaqueos, mejoras y modernización de los servicios de inteligencia de las policías, la incorporación de un estatuto de protección a carabineros, policía de investigación y gendarmería, facilitando procedimientos para la denuncia de disturbios por parte de civiles. La mayoría de estas medidas fueron elaboradas como proyectos de ley para entrar a discusión en el Congreso con carácter de urgente. La primera respuesta al llamado de Piñera al Consejo de Seguridad fue declarar su improcedencia: dicho consejo tiene por objeto problemáticas de seguridad exterior y no conflictos sociales, además –se dijo– la seguridad del país no estaba amenazada, por lo que el llamado al COSENA era un error. En la práctica la medida sirvió como amedrentamiento a la población y para dar señales de un nuevo vuelco que respalda el actuar violento de la policía. Las últimas imágenes, de hace dos o tres días, muestran los carros lanza agua y lanza gases –el guanaco y el zorrillo, según sus nombres populares­– causando estragos en zonas céntricas de varias ciudades, nubes desproporcionadas de gas lacrimógeno en plazas, inmediaciones de colegios, al interior de complejos de viviendas; un operativo policial entrando en el Hospital Gustavo Fricke de Viña del Mar disparando a diestra y siniestra ante la consternación de los funcionarios y empleados de la salud. Todas acciones de una violencia desbocada, desregulada, y que en los videos parece no ser la respuesta a ningún tipo de amenaza por parte de la ciudadanía, sino la forma misma de perturbar el orden público, la calma relativa de las manifestaciones. Un día antes del penúltimo vuelco de Piñera avalando la mano dura de la instituciones represivas vimos tal vez los hechos más graves y desproporcionados de la última semana: las fuerzas especiales de carabineros disparando al interior de dos colegios de Santiago; en uno de ellos, el Liceo nº7, ingresando al interior de la institución y dejando como saldo al menos dos estudiantes heridas de perdigones. Ayer, un joven de 21 años perdió la visión de sus dos ojos.

Mañana, lunes 11 de noviembre hay convocado un paro nacional de educación, y para el martes 12 una huelga general que involucra a sindicatos nacionales del sector productivo, portuario, sindicatos de la minería privada, construcción, entre otros. El llamado es a detener la producción, a salir a la calle a manifestarse pacíficamente, a no enviar a hijxs y familiares al colegio. Por lo tanto lo que se viene son más marchas, más manifestación ciudadana desde la calle y por desgracia más violencia ejercida desde el Estado por medio de sus fuerzas del orden. El gobierno dice poco, apelando en gran parte a un desgaste que no se produce o que se subsana al interior del mismo movimiento renovando la fuerza de su protesta; la falta de reacción del gobierno tiene clarísimos tintes de incompetencia y de falta de voluntad para entender que la ciudadanía no va a transar esta vez con bonos ni paquetes de reformas apresuradas. Mientras piensan, tal vez, que ganan algo de tiempo hasta dar con una solución que no comprometa sus intereses y privilegios, las demandas sociales se perfilan y dibujan más y mejor.