“Qué pasa en Chile: imágenes del horror (1)”, por Pablo Vergara
Hoy, que me pongo a
contestar a esta invitación que me hizo Jimena, ya van veintitrés días desde
que se inició el conflicto en Chile con el alza en el pasaje del metro de
Santiago y la organización autoconvocada por estudiantes a modo de repudio. Las
imágenes que se han multiplicado desde ese primer día no dejan de aparecer y
copar redes sociales junto a los comunicados oficiales del gobierno
de Piñera, la parafernalia general de un gobierno que no sabe encarar el
problema o que simula no saber cómo encararlo para no acusar responsabilidades ni menos tener que implementar medidas que vayan en dirección de lo que la ciudadanía pide
a gritos. Las volteretas del gobierno, primero llamando
hipócritamente a un gran acuerdo social en medio del estado de excepción que sacó
a los militares a la calle con los resultados más funestos ocurridos desde los últimos
años de la dictadura de Pinochet (desde el año 1987 que no había toque de queda
en Santiago por razones de orden público, cuando fue levantado cuatro meses después
del atentado a Pinochet en septiembre de 1986); después, una falsa invocación a
la normalidad mientras en las calles se
seguían viviendo dos situaciones completamente opuestas: de día, enormes
movilizaciones y marchas en todo el país (la más grande la del viernes 25 de octubre en Santiago que según cifras oficiales convocó a más de un millón de personas);
de noche, las más atroces imágenes del descontrol de las fuerzas represivas (baleos
a civiles en la calle y al interior de edificios de viviendas, atropellos por
parte de vehículos policiales a ciudadanos de a pie, apremios y secuestros a
líderes políticos universitarios por uniformados y por agentes de civil –muchos
encubiertos entre la multitud que protestaba, muchos sin identificación
reglamentaria, armados y haciendo uso de fuerza desmedida–, violaciones de
mujeres y de hombres, el uso de una estación de metro como centro clandestino
de detención y tortura, cuerpos inertes lanzados a la calle desde autos
policiales en medio de la noche). Y mucho más: todo grabado por miles de
ciudadanos desde sus celulares, sin necesidad de buscarlo, sin moverse de sus
propias casas (bajo el toque de queda), tan solo atendiendo a los gritos, a las
sirenas, al estruendo de motocicletas policiales listas para embestir o a las detonaciones
de las armas de militares y policías. Es cierto que no todo pasaba de una
manera de día y de la otra de noche, pero en esos días de toque de queda me
llamaba mucho la atención la polaridad. De día se daban los comunicados de
llamado al orden, de recuperación de la paz, de la instrucción dada a las
fuerzas armadas y del orden a no excederse en la violencia. De noche, desde las
redes sociales –y obviamente lejos de los medios masivos y hegemónicos de
comunicación que se han negado a cubrir lo ocurrido con el mínimo rigor
profesional y la menor ética periodística– desfilaban interminables los videos
que pedían difusión antes de ser borrados, mostrando el desbocamiento militar-policial
y la violencia inusitada de la represión.
Luego de la marcha
multitudinaria del viernes 25 de octubre, el gobierno desplegó su nueva
estrategia: un paquetes de medidas, retoques menores a ciertas leyes que antes
dormían en el Congreso, leyes express bajadas
de La Moneda subiendo simbólicamente el sueldo mínimo, y un cambio de gabinete
que demostraba la falta de conexión del gobierno con lo que pasa en todo el
país y bien particularmente frente a sus propias narices.
Desde hace semanas
que en la calle se pide el puesto de Piñera; su renuncia o destitución y el
llamado a elaborar una nueva Constitución por la vía de una Asamblea
Constituyente son las dos demandas capitales de cada
ciudad y pueblo que ha comenzado a organizarse convocando a cabildos ciudadanos
para sentar bases y temas de discusión con vistas a elaborar una nueva
constitución. La represión en la calle continúa hoy, a veintitrés días del
inicio del conflicto, y de manera tal que pareciera que el Ministro del
Interior ya no controla el nivel de violencia que ejercen las fuerzas
especiales de la policía. La penúltima intervención de Piñera llamando a
reunión al Consejo de Seguridad Nacional contenía una nueva voltereta del
presidente: avanzar en su “agenda de seguridad” con rasgos acusados de delirio
persecutorio, consistente exclusivamente en criminalizar las protestas: ley
antiencapuchados, ley antibarricadas, ley antisaqueos, mejoras y modernización
de los servicios de inteligencia de las policías, la incorporación de un
estatuto de protección a carabineros, policía de investigación y gendarmería,
facilitando procedimientos para la denuncia de disturbios por parte de civiles.
La mayoría de estas medidas fueron elaboradas como proyectos de ley para entrar a
discusión en el Congreso con carácter de urgente. La primera respuesta al
llamado de Piñera al Consejo de Seguridad fue declarar su improcedencia: dicho
consejo tiene por objeto problemáticas de seguridad exterior y no conflictos
sociales, además –se dijo– la seguridad del país no estaba amenazada, por lo
que el llamado al COSENA era un error. En la práctica la medida sirvió como
amedrentamiento a la población y para dar señales de un nuevo vuelco que
respalda el actuar violento de la policía. Las últimas imágenes, de hace dos o
tres días, muestran los carros lanza agua y lanza gases –el guanaco y el zorrillo,
según sus nombres populares– causando estragos en zonas céntricas de varias
ciudades, nubes desproporcionadas de gas lacrimógeno en plazas, inmediaciones
de colegios, al interior de complejos de viviendas; un operativo policial
entrando en el Hospital Gustavo Fricke de Viña del Mar disparando a diestra y
siniestra ante la consternación de los funcionarios y empleados de la salud.
Todas acciones de una violencia desbocada, desregulada, y que en los videos
parece no ser la respuesta a ningún tipo de amenaza por parte de la ciudadanía,
sino la forma misma de perturbar el orden público, la calma relativa de las
manifestaciones. Un día antes del penúltimo vuelco de Piñera avalando la mano
dura de la instituciones represivas vimos tal vez los hechos más graves y
desproporcionados de la última semana: las fuerzas especiales de carabineros
disparando al interior de dos colegios de Santiago; en uno de ellos, el Liceo
nº7, ingresando al interior de la institución y dejando como saldo al menos dos
estudiantes heridas de perdigones. Ayer, un joven de 21 años perdió la visión de
sus dos ojos.
Mañana, lunes 11 de
noviembre hay convocado un paro nacional de educación, y para el martes 12 una
huelga general que involucra a sindicatos nacionales del sector productivo,
portuario, sindicatos de la minería privada, construcción, entre otros. El
llamado es a detener la producción, a salir a la calle a manifestarse
pacíficamente, a no enviar a hijxs y familiares al colegio. Por lo tanto lo que
se viene son más marchas, más manifestación ciudadana desde la calle y por
desgracia más violencia ejercida desde el Estado por medio de sus fuerzas del
orden. El gobierno dice poco, apelando en gran parte a un desgaste que no se produce
o que se subsana al interior del mismo movimiento renovando la fuerza de su
protesta; la falta de reacción del
gobierno tiene clarísimos tintes de incompetencia y de falta de voluntad para
entender que la ciudadanía no va a transar esta vez con bonos ni paquetes de
reformas apresuradas. Mientras piensan, tal vez, que ganan algo de tiempo hasta
dar con una solución que no comprometa sus intereses y privilegios, las
demandas sociales se perfilan y dibujan más y mejor.
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