"ANATOMOPOLÍTICA DEL CORONAVIRUS (9)", POR FLORENCIA EVA GONZÁLEZ
¿Salud o trabajo?
Se trata de
un interrogante que se introdujo en el debate mundial al principio de la
pandemia, por el mes de marzo, y no ha dejado de resonar desde entonces como si
la pregunta guardara alguna validez en su formulación. El aparente dilema que
se intenta azuzar, es parte de la lógica que sostiene la situación laboral del
sistema capitalista en términos de explotación, extorsión y concentración
económica y financiera, y su contracara, la creciente pauperización de gran
parte del mundo. La aparición del virus deja a la desigualdad de fuerzas en el
mundo laboral al descubierto.
Cuando aparecieron
los primeros casos de Coronavirus en Bérgamo, centro de la zona industrial más
rica de Italia, los empresarios presionaron con éxito a Confindustria para que
no se cerraran las fábricas. Entre ellas, Tenaris, subsidiaria italiana del
Grupo Techint, cuya empresa maneja Gianfelice Rocca, pariente de Paolo que
lidera la sucursal argentina[1].
El eslogan era inequívoco: “Bergamo non si ferma / Bergamo is running” (Bérgamo
no se detiene), cuando los infectados se contaban de a miles por día. El
resultado fue apilar cadáveres para llevarlos a crematorios cercanos porque en
Bergamo no daban abasto. En Estados Unidos también intentaron imponer la
modalidad “business as usual'' con una frase rectora: “we stay open” (nos
mantenemos abiertos), pero luego el gobierno debió responder a millones de
pedidos de seguros de desempleo por la cantidad de infectados y muertos que se
multiplicaban. En Argentina, comenzó la pandemia en medio de una recesión
heredada, con la decisión del gobierno que recién asumía de sostener una
política de aislamiento para reducir el contagio y preparar el sistema de
salud. En este marco, el decreto de prohibición de despidos y suspensiones fue
una medida que implicó un posicionamiento muy fuerte por parte del Estado,
excepcional en términos internacionales y que fue acompañado por diversos
sectores. Pero algunos parece que no se enteraron, como el Ingenio Ledesma[2]
en Jujuy que con un récord de trabajadores contagiados y una creciente cantidad
de fallecidos, siguió funcionando con normalidad hasta que los medios no
pudieron ocultar el colapso en el sistema de salud.
La pandemia
no inventa nada. Simplemente pone en relieve las inequidades veladas del
sistema capitalista, entre ellas las vinculadas al mundo laboral expresadas en
presiones empresariales, estrategias de tercerización, transformaciones
asociadas al cambio tecnológico y la tendencia a la precarización en todos los
órdenes que apuntan a minar la estructura de derechos laborales.
Más allá
del debate a nivel global, encarar un panorama sobre el trabajo en la Argentina
debe realizarse según sus particularidades, que son muchas respecto a la
región, poniendo bajo la lupa el legado que desde hace años ha dejado el
neoliberalismo nivelado con el corroído balancín del peronismo que acarrea
consigo la marca distintiva de colocar al trabajo y al sujeto trabajador en el
centro de la escena política ética, estética, incluso poética desde que irrumpe
el 17 de octubre de 1945. Su llegada no fue fruto de generación espontánea; el
peronismo es producto de confluencias políticas cuya genealogía respecto al
trabajo debe remontarse a idearios anteriores, forjados desde el siglo XIX.
No
obstante, a pesar de las persecuciones, esas ideas dejaron su huella. El
anarquismo pertenece a una cultura social y política fundamental,
principalmente en Buenos Aires y Montevideo, expandiéndose luego por algunas
ciudades puntuales del resto del país como, Rosario o Necochea. El primer
gremio de la región fue de signo anarquista: la Unión Tipográfica Bonaerense,
creada en 1857, al igual que la primera etapa del Movimiento Obrero con la FORA.
A pesar de ser casi aniquilado en 1930, consumado además el avance del poder
del Estado luego de la Crisis del ´30, muchas de las metodologías de lucha
anarquista –la huelga, por ejemplo– y su tipo de organización pueden verse en
experiencias posteriores: en el 2001 en las fábricas recuperadas funcionando
como cooperativas, en asambleas de organización horizontal y en movimientos
sociales. Por su parte, las organizaciones anarcosindicales nacidas en el siglo
XIX nutren a la fase sindicalista del movimiento obrero que formará la CGT en
1935 y que se convierte en la columna vertebral del peronismo diez años
después.
Cuando
asumió el radicalismo en 1916, no puede decirse que su política proviniera de
las clases obreras ni que considerara a la masa trabajadora como sujeto activo
de la historia. Yrigoyen no respondió a sus intereses, a pesar del carácter
ético que encarnaba, y el Estado a su cargo respondió con una aguda política de
represión y fusilamientos –en La Semana trágica (1919) y en la Patagonia (1921)–.
Puede que sus intenciones fueran otras y que no llegara a comprender que
mantener el modelo agroexportador sin tocar intereses oligárquicos no podía
convivir con una política pro obrera. José Ingenieros, desvinculado del Partido
Socialista, le presenta a Yrigoyen un programa para organizar productivamente
al trabajo, un plan de mediación entre capital y trabajo que incluía la
creación de tribunales de trabajo que nunca llegaron a aplicarse… hasta el
peronismo. Lo mismo sucede en 1940 con un libro muy influyente, La nueva Argentina de Alejandro Bunge
cuya base rectora vuelve a ser la planificación en torno al mundo laboral
respecto a la necesidad del control del trabajo y de las reivindicaciones
laborales. En ese momento no fue tomado en cuenta pero sí luego por un discípulo de Bunge, Figuerola,
que como estadistógrafo participó activamente en el gobierno de Perón.
Con el
peronismo, el mundo laboral adquiere un rasgo protagónico aunque apuntando a un
poder excesivamente paternalista que paraliza cierto crecimiento: fomenta la
producción pero siempre bajo su ala. Por ejemplo, legaliza la práctica de la
huelga pero a la vez, la debilita. Cree haber llegado a un tipo de sociedad
donde el trabajo adquiere una forma de redención, de “dignidad”; en ese marco
ético no está bien parar y no introducirse en el mundo productivo, como sea.
Pero es un Estado que garantiza la atención de las necesidades laborales que
supone tener obra social, vacaciones, aguinaldo, jubilación entre otros muchos
beneficios sociales, consignados en la Constitución de 1949 en el artículo 14
bis, lo que supone un salto cualitativo en la vida laboral, inédita en
Latinoamérica. Incluso más, se aspira a un reparto de la renta interna, lo que
Perón define como “50 y 50''. Con la autodenominada “Revolución Libertadora”,
los derechos retroceden al mismo ritmo que otros derechos, pero los sindicatos
resisten hasta la vuelta de Perón en 1973. Esos tumultuosos años terminan con
la arremetida dictatorial y el Terrorismo de Estado para imponer con represión
lo que de otra manera no hubiera sido posible: un modelo neoliberal que se
afianza en democracia, en los 90 ya sin necesidad de violencia.
La vida
social/laboral de la Argentina está cruzada por estas características, desde
las primeras leyes de la oligarquía, las intervenciones militares en cuestiones
laborales y las incorporaciones de las memorias de izquierda en el peronismo
para llegar a los tiempos de desregulación y mutaciones tecnológicas. Un tipo
de tercerización expandida y consolidada que genera trabajadores de primera y
de segunda mientras algunos sectores apuntan a combinar la lucha sindical con
estrategias para desmontar la estructura legal instaurada durante la dictadura,
todavía vigente.
También se
libra la pelea alrededor de tareas y trabajadores considerados “esenciales”
pero que ponen en riesgo su integridad física en campos muy expuestos, como el
de la salud justamente, cuya exposición es dramática. Ciertas multinacionales
tomaron ese formato para seguir produciendo en condiciones que fueron
denunciadas varias veces como peligrosas. Otro ángulo devino de la presión
empresarial que se aprovechó para despedir, cerrar o entrar en quiebra, pese a
que el decreto 329 lo impedía. Ese decreto fue muy importante para frenar el
grueso de los despidos, pero no logró incluir los despidos por cierre agravado
por el pacto UIA-CGT que legalizó el acatamiento de suspensiones y baja de
salarios a cambio del mantenimiento de las relaciones laborales.
La pandemia,
indudablemente, tiene mayor impacto en los sectores más vulnerables y en ese
plano, se puede incluir aunque sin novedad, la dimensión de género y el papel
de las mujeres en el proceso de reproducción social. Si algo se logró durante
una etapa regresiva como la del gobierno anterior, el de Mauricio Macri, fue el
crecimiento exponencial del movimiento feminista que contribuyó a cuestionar
las brechas salariales entre mujeres y varones, los techos de cristal y la
presencia insuficiente de mujeres en puestos de poder en sindicatos, y en
trabajos y organizaciones en general. Así, muchas de las tareas consideradas
“secundarias” son desempeñadas por mujeres. En la pandemia se recrudeció la
urgencia de los debates respecto a la tarea docente –en algunos segmentos,
altamente feminizada–, una de las más castigadas dado el peso de la virtualidad
forzada en un contexto de falta de equipos y de espacios adecuados, con
horarios y tareas interminables de sostén, no sólo educativo sino también personal
y social. Por otro lado, las tareas de reproducción social, que usualmente se
naturalizan, se revelan fundamentales y se superponen con los cuidados que
impone el cuidado del virus.
El
teletrabajo[3],
otro término que se impuso, es otra forma extendida y sin control que amenaza
los derechos laborales y que pone sobre el tapete cuestiones técnicas de
equipamiento y conectividad, la pérdida de sociabilidad que atenta contra la
labor en equipo y la mella en el sentimiento de pertenencia en la organización
gremial y, claro, en la movilización. La dimensión sindical también requiere
estar en un espacio común de convivencia con otros. Pese a su debilitamiento,
es fuertemente atacada por sectores empresarios. También es constante la
presión de grupos económicos que buscan formas de descargar los costos en lxs
trabajadorxs.
Por último
están las Pymes que motorizan un gran volumen laboral y al mercado interno.
Venían golpeadas pero el parate por la cuarentena las empujó a la cornisa. El
Estado nacional fue a su rescate con una serie de medidas heterogéneas –la más
conocida es el ATP– pues entiende, al mejor estilo keynesiano, que lo mejor es
salvar manteniendo a flote los activos que remontar un sistema productivo
inexistente.
[1] Hubo un lockout patronal de dos
semanas en Techint y la amenaza de Acindar de llevar un porcentaje
significativo de la producción a otro país. Actualmente la siderurgia busca
imponer reducciones del 50 por ciento de los salarios, entre otras medidas.
[2] El Ingenio Ledesma se caracteriza
por “manejar” a la población de Libertador General San Martín, lugar donde la
familia Blaquier tiene emplazada la mayor planta azucarera, más allá de su
mercado laboral. Como se recordará, en la noche del 27 de julio de 1976,
conocida como “La noche del Apagón”, la empresa fue cómplice del corte de
energía que permitió que se secuestraran más de 400 personas, mayormente
trabajadores del Ingenio.
[3] La Ley de Teletrabajo,
recientemente aprobada, es un paso hacia la regulación de los efectos más
nocivos, pero dejó muchos aspectos pendientes.
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