“Réquiem por la naturaleza en ruinas (Espectros IV)”, por Jimena Néspolo

A la burocracia tecnócrata le fascinan las cifras. Barrunta que el razonamiento alcanza su esplendor cuando índices y valores se ponen virilmente sobre la mesa: a cuánto cotizan en bolsa las acciones de tal o cual empresa, cuál es el PBI o cuánta es la deuda tomada de un país, a cuánto asciende su gasto público. Poco importa si esos números se ajustan o no a la realidad de las personas; “lo real”, en su dimensión diferencial y subjetiva, es una entelequia demasiado abstracta sobre la que no le interesa cavilar. Los burócratas arrojan números, con gesto adusto y voz impostada, y en un mismo movimiento a la vez que construyen el problema se ofrecen como la solución. 

La tecnocracia neoliberal da por sentado que toda la población aspira a un mismo patrón de consumo, regido por la brújula de las “grandes” marcas (tener Adidas, tener un Audi, tener un auto eléctrico: “tener” como sinónimo de “existir”). Para no sucumbir en la duda frente a la diferencia residual de cada existencia, el tecnócrata descarta de plano la posibilidad de que existan otras variables que definan la “buena vida”, sean éstas la disminución de la jornada laboral, o la sencilla contemplación de un cielo puro o de un salar intocado. 

Pero hay cifras, y cifras. Porque esas argumentaciones grandilocuentes, que con el tiempo se vuelven vanas en su repetición, se levantan sobre otros números velados o deliberadamente encubiertos: datos que podrían ofrecer un punto de vista distinto desde el cual avizorar el presente. Incluso cuando se ingresa en el lenguaje de la “mensurabilidad”, hay cifras que la burocracia tecnocrática directamente desecha, quizá porque demandan un ejercicio reflexivo que no quiere o no puede emprender. 

En 2022 el Ministerio de Hidrocarburos y Energías del Estado Plurinacional de Bolivia organizó el Primer Foro Internacional “Perspectivas del Litio desde América Latina” [1], con la participación de funcionarios de Chile, Argentina y México. Vale la pena revisar el  caso argentino porque se vuelve sintomático a la hora de comprender el problema del extractivismo en la región. Si bien hay cincuenta proyectos en etapa de exploración y otros dos, localizados en Salta y Jujuy, en fase de construcción, existen en la actualidad dos explotaciones de litio funcionando en el país: uno, se ubica en la provincia Catamarca, en el Salar del Hombre Muerto, se trata del proyecto Fénix, de la norteamericana Livent; el segundo, Sales de Jujuy, se ubica en el Salar de Olaroz, y lo desarrolla el gobierno provincial junto a la multinacional Orocobre. En el Foro se ofrecen las últimas cifras oficiales de sus balances, fechados en 2018: Orocobre vendió 12.470 toneladas de litio, ganó 148 millones de dólares y pagó al país un millón y medio de regalías; mientras que Livent produjo 21.956 toneladas, ganó 173 millones de dólares y pagó menos de dos. 

Ya lo cantó Atahualpa: “Las penas son de nosotros, las vaquitas son ajenas”.      

La reforma constitucional realizada en Jujuy, que barre del mapa a las comunidades originarias y cualquier tipo de reclamo sobre territorios ancestrales, se viene cocinando desde años. Quizá desde que se trazó el Triángulo del Litio, al advertir que sólo tres países (Argentina, Chile y Bolivia) concentran entre el sesenta y el ochenta por ciento de las reservas mundiales de este mineral. Tal vez desde que las comunidades indígenas comenzaron a denunciar la contaminación y los daños ambientales causados, principalmente en lo referente al cuidado del agua –puesto que el método de extracción, al momento utilizado, necesita de miles de millones de litros de agua subterránea [2]–. Cabe recordar que el radical Gerardo Morales ganó la gobernación de Jujuy en 2015, en las elecciones que llevaron a Mauricio Macri a la primera magistratura, integrando la alianza con el PRO. Una de sus primeras acciones fue encarcelar a la dirigente tupamaru Milagro Sala, mientras que en la escena nacional proliferaban las causas judiciales contra Cristina Fernández de Kirchner. Ni el litio ni el lawfare estaban aún en la agenda pública, pero Morales ya se anunciaba como el “gran amigo” de todos. 

En este marco de creciente conflictividad frente a las prácticas predatorias de empresas  multinacionales operando en la política local, Franklin Molina, Ministro de Hidrocarburos y Energía de Bolivia, país anfitrión al Foro –donde se ha identificado, en el Salar de Uyuni, la presencia de 21 millones de toneladas de litio–, propone impulsar “un modelo económico social, comunitario y productivo” que conciba los recursos naturales como propiedad del pueblo y que, por lo tanto, estos sean “administrados por el Estado en armonía con la madre tierra”. ¿Será posible? Tarea difícil sin políticos y funcionarios probos, capaces y comprometidos con un proyecto que tenga como norte la soberanía de los pueblos.  

Pero hablábamos de guarismos y de la incapacidad de los Estados de ofrecer respuestas a problemas que resultan acuciantes. Que el promedio anual de víctimas letales de la violencia de género no haya disminuido en la Argentina de los últimos años, pese a la creación del Ministerio de la Mujer, tampoco parece importarle a la burocracia tecnócrata. Más bien todo lo contrario: esos números se convierten en su reaseguro [3]. Su observancia marcaría la necesidad de pensar una batería de respuestas que obtuviera, al menos, el estatuto de cartabón. Quizá debería pensarse la persecución judicial a la líder jujeña Milagro Sala junto a otras violencias que, atravesando lateralmente las demandas del Tercer Malón de la Paz, dibujan en serie el contorno de un conflicto aún no cabalmente mensurado. No es casual que sean las lidereresas feministas latinoamericanas, legítimas defensoras de los ambientes y de las comunidades, las principales víctimas de esa factoría necrótica que se prohija desde los Estados. 

Por tanto: no nos engañemos. La fatuidad se agazapa en especulaciones que no logren despegar a las víctimas de su estatuto numerario. Nombres, historias desmadejadas, que hablan de lo diferencial y distintivo de cada vida sin pretender encender una pira. María Digna Montero, maestra y defensora del territorio y de la cultura de la comunidad garífuna de Cuzuna, fue asesinada la tarde del sábado 12 de octubre de 2019, mientras se encontraba en el patio de su casa. Era maestra y parte del grupo de trabajo de Educación Intercultural Bilingüe de la Organización Fraternal Negra de Honduras. Su muerte, en el marco del Día de la Resistencia Indígena, supone una advertencia para quienes se atrevan a cuestionar el sistema racista y depredatorio imperante. Entre septiembre y octubre de ese año otras seis mujeres garífunas fueron asesinadas. 

Oneida Epiayú, lideresa colombiana de la comunidad wayúu, fue asesinada el jueves 16 de octubre de 2019. Organizaciones de Derechos Humanos indicaron que alrededor de 196 líderes sociales y defensores de derechos humanos fueron ejecutados  en Colombia, entre marzo de 2018 y mayo de 2019. Además de estas muertes selectivas realizadas por parte de grupos armados, en este contexto donde confluyen facciones del narconegocio y empresas mineras que pujan por refrendar el despojo a través de ejércitos privados, las mujeres racializadas resultan triplemente víctimas e incluso se tornan botín de guerra. En referencia a estos indicadores, Santiago Arboleda Quiñonez señala que en Colombia se está desarrollando el “ecogenoetnocidio” más grande de las Américas, que gana un énfasis especial en las regiones que han sido reconocidas colectivamente como territorios ancestrales indígenas, debido a la riqueza estratégica que poseen [4]. 

La ambientalista ecuatoriana Alba Bermeo tenía veinticuatro años y cinco meses de embarazo, cuando fue asesinada de un balazo en el pecho la madrugada del  22 de octubre de 2022; reclamaba junto a su comunidad contra las concesiones otorgadas a una empresa minera. El cuerpo de Francisca das Chagas Silva, lideresa del Sindicato de Trabajadores Rurales de Miranda del Norte, fue encontrado muerto y con signos de abuso sexual los primeros días de febrero de 2016. El Ministerio de Derechos Humanos de Brasil ofrecía entonces un “Mapa de la Violencia” en el que se apuntaba un crecimiento del 54%, entre 2003 y 2013, del número de agresiones letales contra mujeres negras. Pero quizá haya sido el asesinato de la activista y política brasilera Marielle Franco, ocurrida el 14 de mayo de 2018, uno de los que alcanzó mayor estado público, en un momento clave de robustecimiento de los gobiernos de derecha en la región: después del impeachment a Dilma Rousseff, Michel Temer asumía la presidencia en Brasil sólo para allanarle el camino a Jair Bolsonaro, en 2018 Sebastián Piñera volvía a la presidencia de Chile y un año después se producía el golpe de Estado en Bolivia… Marielle Franco, ejecutada con cuatro tiros en la cabeza, se había dedicado a denunciar el abuso de poder de las fuerzas represivas del Estado contra los habitantes de las favelas. En un país sin conflicto armado interno, pero con altos índices de asesinatos a personas afrodescendientes, en condiciones de exclusión histórica comparables con las de otros países latinoamericanos, la muerte de esta política asume el estatuto sígnico del necrocapitalismo en estado expansivo.  

El portal Iniciativa Mesoamericana de Mujeres Defensoras de Derechos Humanos [5] contabilizó, entre abril y junio de este año en curso, 1.189 agresiones contra 319 defensoras de 24 organizaciones de México, Nicaragua, El Salvador y Honduras. Desagregadas las cifras son aún más elocuentes: las agresiones contra las defensoras de la tierra, las comunidades, el medio ambiente, la verdad y la justicia, no cesan. Se recrudecen. Por aquí y por allá se multiplican los sitios que contabilizan muertes de vidas que parecen no importar a nadie.

Cifras que bogan en un río espectral de sangres. Números que atraviesan fronteras para poner blanco sobre negro, negro sobre blanco, en una trama racial y neocolonial de alcance inédito, los verdaderos intereses en juego en el hemisferio Sur del planeta.  

* Ilustraciones de Matías Tejeda

----

[1] El Foro se desarrolló de manera virtual, el 13 de abril de 2022, y está accesible en YouTube. [Consulta en línea: https://www.cepal.org/es/eventos/participacion-la-division-recursos-naturales-la-cepal-foro-internacional-perspectivas-litio]

[2] Ver: Picco, Ernesto. Crónicas del litio. Sudamérica en disputa por el futuro de la energía global. Buenos Aires, Ediciones Futurock, 2022. Gelós, Natalia. “Litio y poder en las entrañas del salar” en: Crisis, 19 de mayo de 2021 [Consulta en línea: https://revistacrisis.com.ar/notas/litio-y-poder-en-las-entranas-del-salar]. “Apuntes desde Jujuy en llamas” en: Crisis, 19 de julio de 2023 [Consulta en línea: https://revistacrisis.com.ar/notas/apuntes-desde-jujuy-en-llamas]

[3]  A nivel nacional, el Informe de la Corte Suprema de Justicia de Argentina, indica que mientras que en el año 2022 hubo 252 femicidios (1 cada 39 horas), y en el 2021 se contabilizan 251 (1 cada 38 horas). Ver: Registro Nacional de Femicidios de la Justicia Argentina [consulta en línea:   https://www.csjn.gov.ar/omrecopilacion/omfemicidio/homefemicidio.html]

[4] Arboleda Quiñonez, Santiago. “Defensa ambiental, derechos humanos y ecogenoetnocidio” en: Pesquisa em Educação Ambiental. 13(1):10, Agosto, 2018.

[5] Cfr. Iniciativa Mesoamericana de Mujeres Defensoras de Derechos Humanos. [Consulta en línea: https://im-defensoras.org/2023/08/registro-mesoamericano-de-agresiones-contra-defensoras-abril-a-junio-2023-datos-preliminares/]